Educacion

En los últimos diez años la calidad de la educación en Argentina no ha mejorado. La deserción escolar es cercana al 50% (según datos difundidos por Educar 2050); la posición del país en los indicadores internacionales es regular -como en el caso de PISA donde se ubicó en el 58º puesto entre 65 participantes-: sin bajar, pero tampoco sin subir.
Es llamativo el dato de que en los últimos años se ha incrementado especialmente el ingreso a la escuela privada y no a la pública. A pesar del ejemplo de varios gobernadores enfocados en la educación, como por ejemplo Buenos Aires, Chubut, Córdoba, San Juan, las familias han volcado su  interés en la educación privada más que en la pública. Y no necesariamente por cuestiones relacionadas a la calidad educativa, sino más bien, como muestran algunos estudios (como el realizado en 2012 por el ex ministro de Educación Mariano Narodowski y Mauro Moschetti, de la Universidad Torcuato Di Tella, en base a datos oficiales), por factores que tienen que ver con la seguridad, el orden, la presencia de los maestros y la continuidad en las clases.
Como dato positivo, podríamos decir  que la inversión en educación, como porcentaje del producto bruto, ha estado aumentando del 4% en el 2004 al 6,2% en 2012. Pero una mayor inversión no implica necesariamente una mejor calidad educativa y ésta es, tal vez, la mayor falencia de los últimos años.
Destinar recursos es clave. La educación es el factor de igualación de oportunidades más importante de un país. Sin una escuela pública sólida, que garantice calidad y sea atractiva para todas las familias, se hace mucho más difícil fomentar la disminución de la inequidad en Argentina.
Desde que Alberto Sileoni se hizo cargo del Ministerio de Educación nacional, se han buscado nuevas alternativas para enfrentar estos desafíos. En muchos países de alta calidad educativa, los estados y municipalidades son quienes lideran la innovación: comienzan con la implementación de programas novedosos en grupos de escuelas más acotados, para luego ganar escala con la adopción por parte de los gobiernos nacionales.Pareciera que lo mismo ha sucedido en Argentina. La gestión actual ha tenido la capacidad y la apertura suficiente para hacer propias distintas experiencias locales en el país y también del exterior, y movilizar políticas para implementarlas a nivel nacional. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el ministro Esteban Bullrich volvió a enfocar el debate en temas de calidad educativa, en lugar de limitarse sólo a la cuestión del acceso, como habían promovido algunas administraciones anteriores. Para esto, se impulsó la evaluación de alumnos y maestros. Además de lanzar una propuesta de evaluación de calidad a nivel nacional, Sileoni llevó el tema de la calidad al Consejo Federal en varias ocasiones, contribuyendo a expandir una experiencia municipal al resto de las provincias del país.
 La población latinoamericana califica su sistema educativo con un discreto aprobado y se muestra mayoritariamente partidaria de que la educación sea financiada por el Estado, con la mejora de las instalaciones y de la formación docente como elementos clave para elevar su calidad.
El estudio, elaborado a partir de una encuesta, se realizó entre el 15 de julio y el 16 de agosto de 2011 a más de 20.000 ciudadanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
En general, los encuestados valoraron la educación pública de sus respectivos países pero con un tímido aprobado (5,8), excepto en Chile (3,9) y República Dominicana (4,6) donde suspendió, y en Costa Rica (7) y Nicaragua (7) donde mereció un notable. En la privada, la nota media supera a la de la pública con un 6,5, una diferencia de 0,77 que registra un repunte de 2,3 puntos en Chile.
Quizá sea éste el caso que refleja mayor tensión en la valoración de los ciudadanos sobre su educación, considerada una de las mejores de Latinoamérica, porque el estudio se hizo en el periodo más intenso de las manifestaciones estudiantiles que piden una educación pública y gratuita, y porque éstas reflejan "elevadas" expectativas de la sociedad chilena en este ámbito, sostiene el informe.
No obstante, en el conjunto de Latinoamérica, cuatro de cada cinco encuestados (80%) entiende que la educación, en general, debe estar financiada por el Estado, sobre todo preescolar, primaria y secundaria (84%), y después la universitaria (77%).
Entre las medidas prioritarias para mejorar la calidad educativa, la población latinoamericana señaló la mejora de las instalaciones (45%) y de la formación docente (41%), seguidas de mayor salario del profesorado (29%) y nuevas tecnologías (28%), mientras que solo un 9 El secretario general de la OEI explicó que comprende que la prioridad número uno para muchos latinoamericanos sea mejorar las instalaciones porque lo primero es, por ejemplo, que haya electricidad para después poder impartir docencia.